Magín admite que el plan anticrisis es corto
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, defendió la Ley 30-26 sobre medidas procrecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, aunque admitió que el paquete aprobado por el Congreso no resuelve el problema estructural de las finanzas públicas dominicanas.
Según explicó, la iniciativa constituye una respuesta viable ante la actual coyuntura, mientras un pacto fiscal de mayor alcance continúa pendiente.
En conversación este lunes con Despierta con CDN, Díaz sostuvo que el objetivo de la ley era lograr una combinación entre nuevos ingresos, alivios para sectores productivos y corrección de distorsiones tributarias acumuladas durante décadas. El Gobierno había estimado una captación adicional de entre RD$40,000 y RD$50,000 millones, con énfasis en medidas de consolidación fiscal, combate a la evasión, simplificación y estímulos a la inversión.
El funcionario insistió en que la Ley 30-26 no debe ser definida como una reforma fiscal integral ni como un simple parche. Aseguró que la pieza incorpora cambios al Código Tributario, formaliza acuerdos de pago, regula descuentos por pronto pago y actualiza definiciones que, a su juicio, requerían revisión desde hace años.
El ministro explicó que la derogación del impuesto de 1 % a la constitución de compañías tendrá aplicación inmediata. En cambio, la eliminación del impuesto de 2 % a las hipotecas se realizará de forma gradual durante dos años, mientras que el gravamen selectivo a los seguros de vida será desmontado en un período de tres años.
Díaz indicó que varias disposiciones comenzarán a regir a partir de enero de 2027, entre ellas la ampliación del régimen simplificado de tributación, la eliminación de anticipos para determinados contribuyentes y la indexación del mínimo exento del Impuesto sobre la Renta. Otras medidas, como los ajustes tributarios aplicables a bancas deportivas y transacciones financieras, entrarían en vigor desde julio, una vez la DGII complete los cambios operativos necesarios.
La Ley 30-26 contempla una sobretasa temporal de tres puntos porcentuales al ISR empresarial para compañías con ingresos superiores a RD$1,000 millones anuales. Según el Gobierno, la medida alcanzaría a poco más de 1,000 empresas de unas 140,000 que presentaron declaración de ISR en 2025.
Combustibles, subsidios y la reforma fiscal pendiente
Sobre el comportamiento de los combustibles, Díaz afirmó que el Gobierno acumula más de RD$20,500 millones en subsidios durante las semanas de mayor presión internacional sobre el petróleo. Explicó que Hacienda analiza mecanismos de cobertura o seguros financieros para limitar la exposición del país a aumentos bruscos de los precios internacionales.
El ministro también defendió la necesidad de revisar la focalización de subsidios y señaló que el Sistema Único de Beneficiarios será sometido a un proceso de depuración para reducir errores de inclusión y exclusión. Sin embargo, advirtió que la revisión no necesariamente producirá un ahorro fiscal considerable, debido a que también existen hogares vulnerables que aún no reciben asistencia estatal.
Díaz sostuvo que la discusión de fondo sigue abierta: República Dominicana mantiene un déficit estructural cercano a 3 % del producto interno bruto y deberá abordar, en algún momento, una reforma más amplia sobre gasto público, ingresos, calidad institucional y protección social. El cierre fiscal de 2025 registró un déficit equivalente a 3.45 % del PIB, según datos oficiales.
Plataformas digitales no están gravadas
El Ministerio de Hacienda y Economía aclaró que la Ley 30-26, sobre Medidas Procrecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, reduce de 27 % a 15 % la retención del Impuesto sobre la Renta (ISR) aplicable a determinados pagos realizados por empresas dominicanas a proveedores no residentes por concepto de licencias de software, regalías, derechos de autor, publicidad digital y servicios de almacenamiento en la nube, lo cual representa una reducción de doce puntos porcentuales respecto al régimen anterior.
Con este cambio, se genera un alivio para las empresas locales que utilizan herramientas tecnológicas provistas desde el exterior y se acerca el tratamiento tributario del país a los estándares aplicados en otras economías de la región.
Ante interpretaciones inexactas que han circulado en redes sociales sobre el alcance de la medida, Hacienda y Economía precisó que esta retención aplica exclusivamente en el ámbito de las relaciones comerciales entre empresas dominicanas y proveedores extranjeros. En ese sentido, explicó que son las compañías domiciliadas en el país las que actúan como agentes de retención al momento de realizar pagos al exterior.
