El peligroso avance del fanatismo religioso y los abusos de poder en República Dominicana
La República Dominicana parece encaminarse hacia un peligroso retroceso institucional donde la separación entre las creencias de fe y el ejercicio de la autoridad pública se desvanece a pasos agigantados. Bajo el manto de un celo moralista desmedido, diversos funcionarios y representantes electos han comenzado a actuar como auténticos inquisidores modernos, sustituyendo el imperio de la ley y las garantías constitucionales por convicciones teológicas particulares.
Esta tendencia no surge de la nada ni representa hechos aislados. Se trata de un patrón sistemático de extralimitación donde figuras con responsabilidades públicas pisotean la privacidad, los derechos fundamentales y la diversidad cultural que define a la sociedad dominicana, configurando en la práctica un estado religioso de facto.
Inquisidores con banda municipal en la frontera
El primer precedente alarmante tuvo lugar en Villa Vásquez, donde el alcalde Jenry Castro irrumpió de manera violenta en una propiedad privada bajo el pretexto de desmantelar supuestos ritos satánicos. Aquella intervención no solo violó la inviolabilidad del domicilio y la intimidad de las personas, sino que atropelló los derechos de niños presentes y usurpó atribuciones migratorias exclusivas de los organismos del Estado central.
Lejos de servir de escarmiento, la conducta fue replicada en el municipio de Dajabón. Allí, el alcalde Santiago Riverón intervino con arma de fuego en mano una manifestación pública pacífica realizada por un grupo de ciudadanos a quienes acusó, bajo su propio arbitrio, de efectuar ceremonias demoníacas. El despliegue de intimidación, amenazas y agresión física en plena vía pública dejó en evidencia un desprecio absoluto por los límites legales del cargo municipal.
Usted no tiene ni calidad como autoridad pública ni tiene calidad moral para hacer eso.
Resulta paradójico que autoridades que arrastran sonados escándalos personales y cuestionamientos éticos en su trayectoria pretendan erigirse en guardianes de la moral colectiva, persiguiendo a otros credos mientras desatienden las normas más elementales del derecho administrativo y penal.
La ignorancia contra el patrimonio y la pluralidad
El fanatismo no se limita al uso arbitrario de la fuerza en las calles; también se legisla y se aprueba en los ayuntamientos. En San Felipe de Puerto Plata, la sala capitular cedió a las presiones de pastores evangélicos y sacerdotes católicos al aprobar una resolución para retirar del fondo marino la estatua taína de Atabey, calificándola absurdamente de deidad pagana. Los ediles ignoraron por completo que la escultura formaba parte de un proyecto ecológico para la regeneración de corales y representaba las raíces históricas de la isla.
En el plano congresual, la intolerancia escala hacia la exclusión formal. El diputado Elías Wessin Chávez, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, anunció una propuesta legislativa para prohibir la edificación de templos musulmanes en el territorio nacional. Esta iniciativa vulnera de raíz el principio de libertad de culto consagrado en la Constitución, intentando despojar a minorías religiosas de su legítimo derecho a contar con espacios de adoración comunitaria.
El riesgo inminente de un canibalismo religioso
Estas actuaciones ponen en entredicho el rol de las instituciones que deben velar por la formación y el apego a la legalidad de los gobiernos locales, como la Liga Municipal Dominicana. Cuando los cabildos carecen de asesoría técnica adecuada, el vacío institucional suele llenarse con disparates ideológicos y arbitrariedades que lesionan la imagen internacional de polos turísticos y vulneran los derechos ciudadanos.
El Estado confesional es una etapa superada hace más de tres siglos que ningún país moderno debe permitirse reeditar. El cristianismo histórico sufrió en carne propia la persecución estatal y no puede prestarse hoy a perseguir a otras doctrinas. Si no se frena a tiempo este canibalismo religioso impulsado desde el poder político, se abrirá la puerta a confrontaciones sociales irreversibles en una nación donde la ley debe prevalecer para todos por igual.
